FISCALÍA DE PUERTO AYSÉN FORMALIZARÁ A GERENTE DE ENERGÍA AUSTRAL POR DELITO DE TALA ILEGAL DE BOSQUE NATIVO

• Procedimiento se oficializará durante la mañana del miércoles.
• Será en calidad de imputado junto al ex gerente de proyecto de la empresa, Alejandro Amenábar, a raíz de una denuncia interpuesta en julio de 2008 por el director de la filial Aysén del Comité pro Defensa de la Flora y Fauna, Peter Hartmann.
  

Para el miércoles 30 de septiembre, a las 09:35 horas en el juzgado de Garantía de Puerto Aysén, se fijó la audiencia mediante la cual la Fiscalía de Puerto Aysén formalizará la investigación en contra del gerente de Energía Austral, Alberto Quiñones Moraga, y del ex gerente de Proyecto de la empresa, Alejandro Amenábar Tirado, por el delito de tala no autorizada de bosque nativo en el área de río Los Palos-río Tabo, al suroeste de Puerto Aysén, en el marco de los trabajos relacionados con la construcción de un camino para el proyecto hidroeléctrico río Cuervo impulsa la compañía.

La denuncia fue realizada el 3 de julio de 2008 por el director de la filial Aysén de Comité pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff), Peter Hartmann Samhaber, luego de constatar que en el mencionado sector se había hecho tala rasa y corte -a esa fecha- “de entre 10 a 12 hectáreas de bosque nativo, incluyendo el protegido ciprés de Las Guaitecas, incluso en sectores de cauce de aguas, todo esto sin la existencia del Plan de Manejo Forestal de Obras Civiles” que exige la legislación vigente, según se señaló en el escrito original, siendo los terrenos afectados en su mayor parte de propiedad del Estado.

Una vez ingresado el requerimiento, la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones recabó los antecedentes que derivaron en la formalización que ha instruido el fiscal jefe de Puerto Aysén, Luis Contreras Alfaro, y en la cual Quiñones y Amenábar tendrán la calidad de imputados.

Las obras en cuestión formaban parte del convenio suscrito en noviembre de 2006 entre Energía Austral, Vialidad y la seremi de Obras Públicas, dirigida en ese entonces por el actual intendente y presidente de la Corema, Selim Carrasco Lobo, quien hoy encabeza el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental que la sociedad ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en agosto de este año.

Cuando se conocieron los antecedentes de la denuncia, el Superintendente de Relaciones Comunitarias de Energía Austral, Alejandro Bórquez (seremi de Transportes de Aysén durante los gobiernos de Frei y Lagos), señaló que “debido a un error de información, se cortaron árboles para la formación de la pasarela (peatonal) sin tener los permisos necesarios de las autoridades, por lo cual incurrimos en una falta, (tema que hoy) ya se encuentra resuelto con Conaf y se ha establecido el pago de una multa, la obligación de reforestar al menos una superficie igual a la cortada con especies como coihue y ciprés a razón de diez individuos por cada uno de los que fueron cortados. Además, debemos trasladar los productos de la corta al lugar de acopio que el seremi de Bienes Nacionales indique”.

Sobre este tema, Peter Hartmann expresó que en este caso no sólo es necesario establecer la responsabilidad de la empresa, y las eventuales sanciones, sino también “la de los órganos fiscalizadores pertinentes y esclarecer cómo se hizo la expropiación de la franja fiscal por parte de Bienes Nacionales para un camino privado que a su término sólo sirve a Energía Austral y su proyecto”.

Recordó que “el 25 de junio de 2008 una particular denuncia la corta ilegal de bosque nativo ante el Juzgado de Policía Local de Puerto Aysén, lo cual es seguido por un requerimiento de Conaf ante el mismo organismo el 2 de julio, pero coincidentemente ese mismo día la entidad forestal, junto a la seremi de Bienes Nacionales, suscribe rápidamente una transacción extrajudicial con la empresa que involucró una multa de más de casi $ 9 millones, para desistirse al día siguiente de la presentación, lo cual nos parece grave considerando que hay involucradas especies protegidas como el ciprés de Las Guaitecas, y queda la duda sobre cómo se está resguardando el patrimonio de todos los chilenos”. Puntualizó que de no presentarse la denuncia ante la Fiscalía el 3 de julio de 2008, “tememos que esto probablemente hubiera quedado en nada”.

Recordó además que “el estudio de Energía Austral convenientemente dejó fuera de la evaluación ambiental la construcción del camino, aduciendo que sería una ruta de uso público y en convenio con Vialidad, lo cual queda descartado al conocerse que la Fiscalía los responsabiliza a ellos de su materialización”.

El oficio comunicando el procedimiento a realizarse el miércoles establece que tanto Quiñones como Amenábar “en el evento de no comparecer injustificadamente a la audiencia decretada, podrán ser detenidos o sometidos a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva”. En el oficio en que se fija la fecha para la formalización aparece como denunciante, además de Hartmann, el abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Coyhaique, Carlo Montti Merino, siendo designado como defensor público de los imputados el abogado Luis Soto Pozo.

Según un informe emitido por Conaf, los daños ocasionados incluyeron cambios en las condiciones del lugar producto de remoción de la vegetación, alterando las condiciones hídricas, características estructurales del suelo, desestabilización de laderas próximas al camino, modificación del paisaje y de la estructura del bosque. Las obras además alteraron las condiciones básicas que permiten la regeneración del bosque nativo, en especial del ciprés de Las Guaitecas, que está incluido en la Convención Internacional de Comercio de Especies Protegidas (CITES). Además se afectó tineo, canelo, tiaca, mañío, notro, arrayán, tepa y fuinque.