viernes, 14 de agosto de 2009

ENERGÍA AUSTRAL SUMA TRASPIÉ EN EIA DE CENTRAL RÍO CUERVO

* Por errores en “los índices de planos”, debió retirar y reingresar estudio de impacto ambiental.
* Consejo de Defensa de la Patagonia cuestionó falta de rigurosidad de la empresa.



A pocos días de haber ingresado por segunda vez un estudio de impacto ambiental (EIA) ante la Comisión Regional del Medio Ambiente de Aysén (Corema) para construir una central hidroeléctrica en el río Cuervo -el primero fue rechazado en 2007 por no cumplir “con la normativa ambiental aplicable” y “adolecer de información esencial y relevante para ser evaluado”- Energía Austral, filial de Xstrata, se vio en la obligación de retirar el proyecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) porque cometió errores en “los índices de planos”, según informara la empresa en un medio de prensa nacional. El EIA modificado fue presentado ante la autoridad ambiental nuevamente el jueves.

Para el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) “este hecho es una muestra más de la falta de rigurosidad con que la compañía de origen suizo-australiano trabaja en nuestro país, ya que resulta tragicómico que luego de 2 años de haber presentado el primer estudio al sistema de evaluación ambiental, recibiendo el rechazo categórico de la Corema por no contemplar información mínima relativa a ‘la línea base del medio físico, biótico, humano, de las áreas de riesgo, de riesgo de impactos, de los requisitos y permisos ambientales sectoriales, además de la definición del área de influencia y descripción de la línea base del EIA’, entre otras deficiencias, Energía Austral vuelva a cometer errores”.

En la organización señalaron que “lo que podría ser algo anecdótico no deja de ser relevante considerando que se trata de una inversión de 733 millones de dólares, y al parecer esta falta de seriedad se está convirtiendo en una práctica habitual no sólo de esta compañía sino de otros proyectos como HidroAysén, a la luz de las miles de observaciones de forma y fondo que hicieron los servicios públicos que han evaluado dicho proyecto”.

“Además queda patente la desigualdad que existe en el SEIA que permite que una empresa tenga tantas oportunidades para equivocarse y resarcir sus irregularidades, mientras las posibilidades de la ciudadanía son tan restringidas, con sólo 60 días para la revisión de las miles de páginas que comprende un estudio de impacto ambiental como éste. Lo mismo para los propios servicios públicos, cuyo plazo para evaluar incluso es menor” concluyeron en el CDP.

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