o Requerimiento de Fundación Defendamos la Ciudad.
o La mañana del jueves el presidente de la organización ingresó en Santiago una carta donde reiteran solicitud de información referida a contrato de arrendamiento de la cartera con Hidroaysén en el río Pascua.
o Los antecedentes permitirán evaluar si en la transacción se perjudica el interés patrimonial del Fisco.
Dispuestos a llevar el caso a los tribunales de justicia. Así de resueltos se mostraron en la Fundación Defendamos la Ciudad en su intención de que el Ministerio de Bienes Nacionales entregue, según explicita la Ley, los criterios mediante los cuales dicha repartición arrendó a HidroAysén un predio fiscal en el sector del río Pascua, con el fin de que la sociedad de Endesa España y Colbún realice sus estudios para el proyecto de construcción de 5 represas en la Región de Aysén.
La acción legal será interpuesta si en el breve plazo la ministra Romy Schmidt insiste en negar la información pública que se le solicitara formalmente el 19 de febrero. La mañana del jueves el presidente de la organización Patricio Hermann, acompañado del abogado Pablo Peñaloza, ingresó en la oficina de partes de la repartición una carta donde reiteran la solicitud de información referida al contrato de arrendamiento de la cartera con Hidroaysén, suscrito el 31 de diciembre del año pasado, sobre 3000 mil hectáreas del sector río Pascua.
Señala la misiva: "Dado que la transacción comercial por 2 años contempló una renta anual de $ 9.347.181, nosotros en aquella fecha le solicitamos nos diera a conocer los criterios que se utilizaron para fijar dicho exiguo monto de arriendo y si existió una comisión ad-hoc para tal efecto y en el entendido de que sí se conformó tal comisión, deseamos conocer el acta respectiva".
Pero la solicitud no sólo se refiere a la entrega de información. También acusan que "en la tramitación de los documentos se aprecian una serie de desprolijidades funcionarias que perjudican el interés patrimonial fiscal, lo que para nosotros es inaceptable". Esto, con relación a que en las condiciones en que se habría celebrado el contrato todos los chilenos, como mandantes originales del Fisco, estarían siendo perjudicados.
"Por motivos que desconocemos, su repartición pública no nos ha respondido en los plazos perentorios establecidos en la legislación vigente, infringiéndose por lo tanto los principios de transparencia y publicidad que rigen los actos públicos de la administración del Estado" señala la misiva. Aludiendo a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, específicamente al artículo sobre probidad y transparencia en la gestión, reiteran el requerimiento.
La legislación vigente estipula que las autoridades que denieguen información a la ciudadanía en forma arbitraria se arriesgan a ser suspendidos de sus cargos además de multas en dinero.
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