ES FORMALIZADO EX GERENTE DE PROYECTO DE ENERGÍA AUSTRAL POR TALA ILEGAL DE BOSQUE NATIVO

• En martes pasado. Dos meses fue el plazo que dio la titular del Juzgado de Garantía de la ciudad para que el Ministerio Público recabe todos los antecedentes sobre el delito cometido a mediados de 2008.

Sesenta días fue el plazo que la jueza Rosalía Mansilla, titular del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, dio al Ministerio Público para llevar adelante la investigación en contra de Alejandro Amenábar Tirado bajo los cargos de tala ilegal de bosque nativo sin plan de manejo aprobado por Conaf en unas 10 hectáreas de superficie en el sector del río Tabo (a 15 kilómetros de Puerto Aysén), ilícito ocurrido entre mayo y junio de 2008 cuando el ingeniero cumplía funciones de gerente de Proyecto de Energía Austral (filial de la minera suiza Xstrata), sociedad que pretende construir una represa en el sector del río Cuervo y cuyo estudio de impacto ambiental se encuentra hoy en plena evaluación.

La decisión fue adoptada por la magistrada el martes 5 de enero luego de formalizar la investigación en contra de Amenábar por el citado delito, quedando pendiente igual trámite con respecto del otro imputado en la causa, el gerente general de Energía Austral Alberto Quiñones Moraga, quien se encuentra en Australia hasta fines de enero. En su caso se decidió postergar la audiencia de formalización hasta el 8 de febrero, estableciéndose que en caso de no concurrir se podrá despachar una orden de detención en su contra.

De esta forma de logró cumplir con parte del trámite judicial, luego de más de tres meses desde que el 30 de septiembre se convocara a la primera audiencia de formalización de la investigación, la cual no se pudo concretar a raíz de la no comparecencia de los imputados.

Participaron en la audiencia, además de Amenábar, el defensor público Enrique Velásquez, el abogado particular Carlos Barrera en representación de Quiñones, el fiscal Pedro Poblete, el seremi de Bienes Nacionales Jorge Burgos y el director de Codeff Aysén Peter Hartmann, quien concurrió junto a su abogado Eduardo Salomón.



Una larga historia

De esta forma se cumplió una etapa más del procedimiento penal que se originó en la denuncia que el 3 de julio de 2008 interpuso el director de la filial Aysén de Comité pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff), Peter Hartmann Samhaber, luego de constatar que en el mencionado sector se había hecho tala rasa y corte -a esa fecha- “de entre 10 a 12 hectáreas de bosque nativo, incluyendo el protegido ciprés de Las Guaitecas, incluso en sectores de cauce de aguas, todo esto sin la existencia del Plan de Manejo Forestal de Obras Civiles” que exige la legislación vigente, según se señaló en el escrito original, siendo los terrenos afectados propiedad del Estado, todo lo cual fue ejecutado por la empresa Besalco por mandato de Energía Austral. Una vez ingresado el requerimiento, la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones recabó los antecedentes que derivaron en la solicitud de formalización por parte del fiscal jefe de Puerto Aysén, Luis Contreras Alfaro, en contra de Quiñones y Amenábar.

Las obras en cuestión formaban parte del convenio suscrito en noviembre de 2006 entre Energía Austral, Vialidad y la seremi de Obras Públicas, dirigida en ese entonces por el actual intendente y presidente de la Corema, Selim Carrasco Lobo, quien hoy encabeza el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental que la sociedad ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en agosto de 2009.

Según un informe emitido por Conaf, los daños ocasionados incluyeron cambios en las condiciones del lugar producto de remoción de la vegetación, alterando las condiciones hídricas, características estructurales del suelo, desestabilización de laderas próximas al camino, modificación del paisaje y de la estructura del bosque. Las obras además alteraron las condiciones básicas que permiten la regeneración del bosque nativo, en especial del ciprés de Las Guaitecas, que está incluido en la Convención Internacional de Comercio de Especies Protegidas (CITES). Además se afectó tineo, canelo, tiaca, mañío, notro, arrayán, tepa y fuinque.



Acuerdo reparatorio entrabado

A pesar de los esfuerzos que ha hecho la empresa por dejar atrás el incidente, logrando incluso que el 2 de julio de 2008 suscribiera con la seremi de Bienes Nacionales y Conaf una transacción extrajudicial que involucró una multa de más de casi $ 9 millones con lo cual los órganos del Estado se desistieron de la presentación ante el Juzgado de Policía Local, al tomarlo la Fiscalía de Puerto Aysén ésta consideró que los hechos revestían carácter de delito.

Durante la audiencia del martes se consignó que los imputados mantienen conversaciones con Conaf con el fin de lograr un acuerdo reparatorio en el marco de la causa, lo cual hasta hoy está entrabado producto de que habiendo la dirección regional realizado las consultas a la oficina central del organismo aún “no les han respondido” informó en la ocasión el defensor Enrique Velásquez. Incluso, ese día no asistieron el director regional de Conaf, Claudio Godoy, ni ninguna otra autoridad de la entidad en su representación. Por su parte el seremi de Bienes Nacionales, Jorge Burgos, expresó estar “disponible” para discutir un eventual acuerdo reparatorio, producto de que los terrenos son propiedad estatal. Ante esto, se fijó para el 8 de febrero (el mismo día en que se formalizaría a Alberto Quiñones) la audiencia para discutir el eventual acuerdo reparatorio, con la participación de todos los intervinientes.

En la ocasión también se informó que el abogado Eduardo Salomón, en representación de Peter Hartmann, presentó durante la mañana una querella por los hechos investigados, cuya tramitación quedó pendiente hasta la entrega de los antecedentes que constatan la representación legal del dirigente con respecto de Codeff.

Por último, la jueza Mansilla comunicó que el procurador del Consejo de Defensa del Estado, Carlo Montti Merino, expresó que la sección penal de dicho organismo acordó no intervenir en la causa.