- Ediles de Tortel y Chile Chico, junto a Costa Carrera y Codesa.
- Les preocupa la permeabilidad de la evaluación en curso a las presiones políticas, dada la poca autonomía de los servicios públicos.
- La petición se sustenta en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política que establece “el derecho a petición a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes
Ejerciendo su derecho constitucional a petición ante la autoridad, dos corporaciones y dos alcaldes de la Región de Aysén ingresaron el viernes último ante el Gobierno Regional de Aysén un documento formal mediante el cual solicitan a la intendenta y presidenta del Consejo Regional de Aysén, Pilar Cuevas Mardones, se solicite “una auditoría ambiental indepediente o se pida un informe a un equipo consultor externo respecto del estudio de impacto ambiental presentado por HidroAysén”.
Para Alejandro del Pino “como se ha llevado el proceso, tanto por la evaluación técnica donde se han ido disminuyendo las observaciones, como también en todo el proceso político que ha tenido esto, donde a las autoridades o jefes de servicio se les ha dictaminado alguna postura, creemos que es necesario para la población de la cuenca del Baker, llámese General Carrera, que haya un estudio que garantice seriedad en este análisis”. Puntualizó que “hemos visto que hay una serie de irregularidades y deficiencias que presenta este estudio, y la verdad es que es bastante malo y por lo mismo no nos da ninguna garantía de que las cosas se estén realizando bien”.
Recordó que en el caso del proyecto Alumysa sí se contrató a la Universidad Católica de Chile, como un estudio paralelo a lo que estaban realizando los servicios públicos, “siendo oportuno y urgente hoy realizarlo” indicó del Pino. En este sentido expresó que quienes presentaron el documento “estamos como siempre absolutamente disponibles a ir a exponer al Gobierno Regional cuáles son nuestras dudas, cuál es nuestra posición y la visión que tenemos de nuestra región y de nuestro territorio”.
Luperciano Muñoz comparte las aprensiones de dirigente sobre “la poca autonomía que tienen los servicios, ya que sabemos que dependen del poder político, por lo tanto es muy importante como se hizo con otros estudios de impacto ambiental tener un informe de un organismo independiente y eso le va a dar más tranquilidad a todos”.
El “derecho a petición a la autoridad” es una garantía establecida en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política de la República de Chile, el cual puede ejercerse “sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes”.