- Codeff Aysén presentó la mañana del miércoles escrito en Contraloría de Coyhaique.
- Según la organización ambiental esta irregular situación fue descubierta hace algunos meses al revisar cartografía entregada por Conaf pero elaborada por Ingendesa en el marco de la evaluación de este proyecto hidroeléctrico, que sería coherente con los propios documentos de diversos órganos del Estado.
- El requerimiento ante el organismo contralor señala además que Conaf, Bienes Nacionales y Conama habrían actuado “negligentemente” en la protección de esta área silvestre protegida cuando Endesa realizó trabajos de prospección a fines de 2005 y principios de 2006. El parque fue declarada Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1979 y es puntal de la presentación ante el mismo organismo para su calificación de Patrimonio Mundial de la Humanidad.
La mañana del miércoles el director de la filial Aysén del Comité pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff), Peter Hartmann, presentó un requerimiento a la Contraloría Regional de Aysén en Coyhaique para que “controle y fiscalice el cumplimiento de responsabilidades y atribuciones en la administración, protección, de bienes nacionales, la protección de áreas silvestres protegidas y la aplicación de la legislación forestal, en este caso un parque nacional, además de la correcta aplicación de la Ley 19.300, para luego establecer incumplimientos y las medidas correctivas y sanciones que correspondan”.
Un hecho insólito es que incluso se ha constatado que de concretarse el embalse Baker 2, la parte norte del muro quedaría al interior de esta área protegida.
“El 29 de diciembre de 2010 solicitamos a Conaf, vía Ley de Transparencia, la entrega de toda la información existente sobre este tema, habiendo recibido hasta hoy sólo una respuesta parcial, la cual de todas formas confirma esta grave situación incluso de acuerdo a cartografía de la propia Ingendesa solicitados por Conaf en el marco de la evaluación del proyecto HidroAysén” puntualizó.
Historial de faenas en parque nacional
La historia de la forma en que la institucionalidad del Estado se ha desempeñado frente al proyecto HidroAysén y su intervención del Parque Nacional Laguna San Rafael se remonta a varios años.
El revuelo causado por la denuncia pública generó que Endesa solicitara el 8 de febrero nuevamente a Bienes Nacionales ingreso al área norte, obteniendo la aprobación instantánea por parte de la seremi subrogante Ximena Contreras, quien con esta resolución contradijo al seremi titular.
“Cuando vimos que ni Conaf ni Bienes Nacionales estaban cumpliendo en este caso con su responsabilidad de salvaguardar la integridad de esta área silvestre protegida, dirigimos el 1 de marzo de 2006 una carta al director regional de la Conama, José Pablo Sáez, para que exigiera, como establece la Ley de Bases del Mediambiente en su letra d) artículo 11 la presentación de un EIA al estar las faenas en una localización próxima a áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, y en este caso incluso dentro de un parque nacional” recordó Hartmann. La respueta llegó el 17 de marzo, señalando que “sólo les correspondía pedir mayor información a la empresa aludida y a los órganos del Estado correspondientes”, lo cual fue complementado con una respuesta del 15 de junio –luego de elevar su planteamiento a la dirección ejecutiva- en que estas actividades no requerían evaluación de impacto ambiental al ser sólo “de observación” y no una “ejecución de proyecto o actividad”, lo cual contrasta con las imágenes de las faenas realizadas “y lleva a la sinrazón que bajo este criterio uno podría dinamitar el cerro Santa Lucía de Santiago y no tener que presentar estudio al caratularlo simplemente como estudios o faenas de prospección”.
Recién el 4 de agosto de 2006, tras cuatro meses de espera, el nuevo seremi de Bienes Nacionales (el ex director de Conaf Jorge Burgos) respondió explicando que “se instruyó a la empresa para evitar involucrar terrenos declarados área silvestre protegida”.
Peter Hartmann expresó que en los hechos denunciados existen varias irregularidades que es necesario que el organismo contralor dilucide y eventualmente sancione.
Una de ellas es que no se exigió –originalmente a Endesa, hoy a HidroAysén- plan de manejo forestal ni tampoco propuesta técnica de restauración vegetacional, lo que sí se requirió a tales empresas para los demás sectores intervenidos.
Sólo se hicieron dos fiscalizaciones de Conaf al sector – una de ellas por quien hoy es director regional del organismo, Juan Eduardo Barrientos- y en helicóptero.
Otro punto es que HidroAysén nunca evaluó el impacto de la instalación de parte de la presa del embalse Baker 2 al interior del parque, donde además de su protección legal e incluso internacional, existe registro de poblaciones de huemules, especie en peligro de extinción. Y esto, al no ser considerado en el EIA, tampoco pudo ser observado por la ciudadanía en el proceso de participación ciudadana.
“Todo esto deja entrever que tanto Conaf como la seremi de Bienes Nacionales, por razones que desconocemos, actuaron negligentemente o lisa y llanamente en contra de sus responsabilidades y atribuciones legales, sin efectuar las averiguaciones ni estudios que correspondía y haciendo caso omiso de los antecedentes que ellos tenían sobre la situación de los terrenos afectados, y permitiendo uso ilegal y no autorizado de esta área” puntualizó. Situación similar habría ocurrido con Conama que “se escudó en subterfugios para no exigir la evaluación de impactos ambientales que correspondía ni cumplió con sus atribuciones en fiscalizar lo denunciado”.
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Peter Hartmann Samhaber
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